El 28 de julio de 2026 se cumple el 75º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el tratado internacional histórico que establece la obligación legal de proteger a las personas para que no sean devueltas a situaciones de persecución, así como los derechos de quienes solicitan asilo. La Convención y su Protocolo de 1967, junto con los principios en los que se basan, han salvado millones de vidas y han ayudado a las comunidades y a los Estados de acogida de personas refugiadas en todo el mundo.

El 75º aniversario no es solo una conmemoración. Es una oportunidad para reforzar la responsabilidad y hacer un llamamiento a una acción renovada en un momento en el que los desplazamientos forzados alcanzan niveles históricos, los sistemas de asilo y reasentamiento se enfrentan a una presión cada vez mayor y los recortes masivos de financiación están socavando la protección de las personas refugiadas en todo el mundo. La reafirmación de los principios de la Convención debe traducirse en el cumplimiento de los mismos, una mejor aplicación, el fortalecimiento de los sistemas nacionales y enfoques inclusivos que den protagonismo al liderazgo de las personas refugiadas.

Mientras el mundo celebra este hito, la coalición mundial de la sociedad civil —integrada por organizaciones dirigidas por personas refugiadas, confesionales, humanitarias, de asistencia jurídica, académicas y de derechos humanos— insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a los organismos de las Naciones Unidas, a los donantes, a los agentes humanitarios y a otras partes interesadas a impulsar medidas concretas para reforzar el cumplimiento y la aplicación de la Convención sobre las personas Refugiadas y defender sus principios. En todos los debates sobre las personas refugiadas y en todas las decisiones que afecten a sus derechos, ellas y las organizaciones dirigidas por ellas deben participar de forma significativa.