En el primer aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno civil electo de Myanmar, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de los Jesuitas (SJES) hacen un llamamiento para que se tomen medidas concretas, incluyendo el fin de la violencia que sigue aterrorizando al pueblo de Myanmar, un mayor acceso a la asistencia humanitaria crítica, y la protección de aquellos que buscan seguridad y protección.

Desde el inicio del conflicto, se calcula que 32.000 personas han huido de Myanmar y más de 400.000 se han visto desplazadas internamente. Los enfrentamientos armados, las tensiones económicas y las oleadas de COVID-19 han agravado considerablemente las necesidades humanitarias en Myanmar, con 14,4 millones de personas que necesitan asistencia para salvar sus vidas, de las cuales 5 millones son niños.

Los débiles y vulnerables son los que más sufren. Una familia de desplazados internos del municipio de Demoso dijo: “Actualmente vivimos en un campo de desplazados internos. Mi padre está paralizado y mi madre es ciega. Desde que hemos sido desplazados, mi familia ha tenido que luchar por sus necesidades básicas. Mis dos hermanos pequeños fueron asesinados por los militares cuando volvían a casa para traernos comida. Nos quedamos con los niños pequeños y padres ancianos y enfermos. Nos sentimos realmente deprimidos y sin esperanza”.

El futuro se ve ensombrecido, ya que a los jóvenes no les quedan más opciones que unirse a la resistencia. El nivel de violencia sigue aumentando, causando muerte y destrucción y obligando a familias y comunidades a huir para salvar sus vidas. Las agencias humanitarias están respondiendo a estas crecientes necesidades, pero se enfrentan a considerables obstáculos en sus operaciones.

Como nos recuerda el Papa Francisco en sus comentarios sobre el actual conflicto en Myanmar, “Dios convertirá todos los corazones a la paz” y debemos “promover el diálogo y el respeto por los demás”. Todos deben deponer las armas e iniciar un proceso de paz y reconciliación que conduzca a un futuro próspero y sostenible para todos. Los afectados o desplazados por la violencia en Myanmar deben tener acceso a servicios sanitarios y humanitarios y la oportunidad de regresar a sus hogares y comunidades.

Los países vecinos han ofrecido una respuesta mixta: algunos han endurecido o cerrado totalmente las fronteras y otros han devuelto a los refugiados sin su consentimiento. Con la misión de acompañar, servir y defender a los desplazados forzosos, el JRS y el SJES instan a los países de la región a ofrecer protección a todos los que buscan seguridad, a satisfacer las necesidades de los refugiados que ya están dentro de sus fronteras, y a garantizar que cualquier retorno sea seguro y voluntario.

El momento de actuar es ahora. El pueblo de Myanmar no debe ser olvidado, ya que merece protección y vivir su vida con dignidad y en paz. La comunidad internacional debe unir fuerzas con quienes buscan una solución a la crisis para garantizar que las familias vuelvan a estar unidas, que los niños puedan volver a la escuela, que los adultos puedan volver a trabajar y que todos puedan reconciliarse con Dios, consigo mismos y con los demás. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Myanmar durante este período tan difícil de su historia, invitando a todos a rezar y a trabajar por la justicia, la reconciliación y la paz en Myanmar.