El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) condena enérgicamente la reciente decisión de Pakistán de comenzar a deportar afganos de su territorio a partir del primero de noviembre. Miles de afganos que llegan a la frontera se enfrentan a un acceso limitado a la ayuda humanitaria y a la agitación política, mientras Afganistán sigue luchando por satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

«La cifra de retornados afganos es enorme en las fronteras y esto será un desastre significativo para Afganistán con la llegada del invierno y una situación ya desastrosa en el país», dijo Sandesh Gonsalves, director nacional del JRS Afganistán.

Los afganos representan el segundo grupo más numeroso de refugiados y desplazados del mundo. Pakistán acoge a más de 1,4 millones de afganos registrados y se calcula que también a otros 1,7 millones de extranjeros no registrados o indocumentados. Muchos afganos que viven en Pakistán fueron desplazados hace décadas, mientras que otros llegaron tras la toma de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021.

«Como cualquier persona desplazada, los afganos deben tener derecho a solicitar asilo y a la dignidad del retorno voluntario en lugar de la deportación forzosa», dijo Gonsalves. «El JRS apoya a los afganos en busca de seguridad y protección e insta a los Gobiernos de acogida y a la comunidad mundial a satisfacer sus necesidades».

En respuesta a la crisis, el JRS se está coordinando con las Naciones Unidas y otras agencias para ofrecer apoyo a su llegada a la frontera. Las familias necesitan asistencia inmediata y a largo plazo, incluyendo salud mental y apoyo psicosocial y acceso a la educación, mientras siguen viaje hacia sus lugares de origen.