Coalición de Movilidad Humana de las Américas insta a los Estados a garantizar derechos de la población migrante y refugiada

24 noviembre 2020

Como parte de las actividades previas al inicio de la 50ª Asamblea General de la OEA que, a causa de la pandemia por Covid-19 se desarrolló de manera virtual, la Coalición de Movilidad Humana de las Américas, conformada por 29 Organizaciones de Sociedad Civil, en un pronunciamiento de 5 puntos, presentó la realidad del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe y los retos en torno a la vigencia de los Derechos Humanos de la población migrante y refugiada.

“Nos preocupan las particulares afectaciones que tienen las personas migrantes forzadas, desplazadas y refugiadas en la región que se han visto presionadas a movilizarse por múltiples causas en situaciones de mayor riesgo, y con afectaciones diferenciales tanto por edad, género, origen étnico, orientación sexual, condición de discapacidad y pobreza”, precisa el comunicado.

En este sentido, presentaron como “asuntos prioritarios” para los Estados:

  1. El cumplimiento de sus obligaciones en torno al principio de no devolución, y a brindar protección internacional a aquellas personas que la requieren, aún durante la pandemia.“Hacemos un llamado a los Estados a respetar el derecho al debido proceso en caso de deportaciones, abstenerse de llevar a cabo deportaciones colectivas, así como a crear de rutas de regularización migratoria permanentes y flexibles”.
  2. Llamado a que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de la población migrante en condiciones de igualdad.“Esto incluye, no solo el acceso a medios de vida, sino el respeto a los medios de sustento existentes de la población migrante, quienes en muchos casos trabajan en la economía informal, y comúnmente se enfrentan a situaciones de acoso y persecución policial”.
  3. Acceso a la salud durante la pandemia y pospademia.“La atención en salud no debe enfocarse exclusivamente en atención al COVID-19, sino acceso a servicios de salud integral, incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales deben ser igualmente priorizados.
  4. Ante la detención migratoria, en contradicción a estándares internacionales de Derechos Humanos. “Nos unimos al llamado hecho por diversas agencias internacionales e instamos a los Estados a liberar sin demora a las personas migrantes detenidas y asegurar el acceso a derechos básicos”.
  5. Asegurar que las respuestas que se desarrollen en torno al COVID-19 atiendan las desigualdades y retos preexistentes de la población migrante y refugiada con ánimo de prevenir las violaciones a sus derechos. Esto implica “acciones diferenciadas con enfoque interseccional y de género para atender a quienes sufren discriminación y exclusión de manera diferenciada, por ejemplo, mujeres, personas LGBTI, personas con enfermedades crónicas como VIH, personas con discapacidad, miembros de pueblos indígenas, así como niñez migrante no acompañada”.

 

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