La Declaración de Cartagena de 1984 es un instrumento legal de Protección Internacional para las personas refugiadas en la región de Latinoamérica y el Caribe (ALC). Su trascendencia internacional reside en la ampliación de la definición de persona refugiada a las “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

Este año se cumplen 40 años de dicha Declaración, y los países de ALC – liderados por el gobierno de Chile – negociaran el Plan de Acción de Chile 2024-2034 en ginebra. Ello supone una oportunidad para que este instrumento regional sea un referente internacional de protección, en un momento de grave crisis de voluntad política a nivel mundial en la que las personas migrantes y refugiadas – casi 120 millones de desplazados forzosos según el reporte Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 2023 de ACNUR – pagan el precio más alto con sus vidas y su seguridad por la falta de sistemas de protección efectivos, la violación de las obligaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Con el impulso de este aniversario, y una mayor y mejor aplicación, la Declaración de Cartagena puede erigirse como modelo que inspire a otros continentes a crear un sistema de protección efectiva para las personas que huyen no sólo por conflictos armados sino también por nuevas causas de desplazamiento – crisis climática, violencias por narcotráfico o trata de personas – incluido un mecanismo que ofrezca alternativas regulares y seguras para evitar que las personas desplazadas se embarquen en rutas cada vez más peligrosas, como la del Darién.

Desde su experiencia de desplazamiento forzado, Angie Torres, afrodescendiente colombiana refugiada en Ecuador -acompañada por el JRS-, nos da algunas claves y recomendaciones concretas:

«En mi experiencia como solicitante de asilo me enfrenté junto con mi familia a diferentes dificultades y barreras como la falta de empatía de algunos funcionarios migratorios, la falta de acogida de las comunidades receptoras, lo cual nos hizo mucho más vulnerables en aquel entonces, sobre todo porque el estatus de solicitante de asilo no era reconocido por algunas instituciones y, por tanto, muchos derechos fueron vulnerados (…) Esta experiencia me permite recomendar algunos aspectos para mejorar el proceso de reconocimiento de asilo en nuestra región latinoamericana y caribeña: 1) que se cumplan a cabalidad los procedimientos previstos para evitar jugar con las expectativas y los planes de vida de las personas solicitantes de asilo; 2) políticas públicas que reconozcan los derechos de las personas solicitantes de refugio durante el proceso de solicitud; y 3) mecanismos para evitar la revictimización de las personas durante el proceso de solicitud.»

Como organizaciones católicas inspiradas en el Evangelio y los cuatro verbos del Papa Francisco – acoger, proteger, integrar y promover a nuestros hermanas y hermanos en su ruta de desplazamiento – como tambien por las recomendaciones de personas que, como Angie, acompañamos y escuchamos, hacemos un llamado a los gobiernos de Latino América y el Caribe para que el Plan de Acción de Chile 2024-2034 sea construido con la participación efectiva de sus protagonistas, las personas desplazadas, teniendo en cuenta sus preocupaciones, propuestas y expectativas, para así garantizar:

• Protección efectiva en lugares de origen, tránsito y destino: aplicando plenamente la definición ampliada de «refugiado», protegiendo también a las personas vulneradas y desplazadas por la crisis climática, incluidos los desastres medioambientales provocados por las acciones humanas.
• Mecanismos alternativos, seguros y regulares ante rutas migratorias peligrosas: apertura de sistemas legales para que las personas perseguidas puedan tener acceso al procedimiento de asilo, evitando las condiciones de extrema vulnerabilidad en los corredores migratorios – El Darién es muestra de esta realidad regional ineludible.
• Integración: facilitando el acceso a derechos, incluida la documentación migratoria, y fortaleciendo la coordinación entre distintos niveles de gobierno para hacer efectivos los procesos de integración.

Desde finales del siglo XIX, América Latina ha sido pionera en la protección de las personas que sufren persecución a causa de conflictos, violencia y las crisis políticas. Es nuestra esperanza que el Plan de Acción de Chile abra nuevos caminos hacia la protección internacional y la plena inclusión de los refugiados y otras personas en movimiento, reconociendo sus aportaciones significativas a las sociedades de acogida y a sus comunidades de origen, contrarrestando así las narrativas negativas y la discriminación sistémica en las políticas y los comportamientos. Será una señal de esperanza y un ejemplo pionero para otros países y regiones del mundo.