En 2026, el conflicto en Ucrania ha entrado en su quinto año. Más de 10,8 millones de personas siguen necesitando asistencia humanitaria y 2025 fue el año más mortífero para la población civil desde el inicio de la guerra. En toda Europa, 4,35 millones de personas ucranianas continúan acogidas bajo el régimen de Protección Temporal, mientras que 3,7 millones permanecen desplazadas dentro de Ucrania. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza en el país ha alcanzado el 36,9 %. Aunque algunos países han prorrogado la Protección Temporal hasta marzo de 2027, su futuro sigue siendo incierto.

Si bien la inclusión continúa siendo el principal ámbito de intervención, en 2025 se registró un aumento de las necesidades de protección. Esta tendencia se vio impulsada por el empobrecimiento progresivo de las personas atendidas, el agotamiento de sus ahorros, la prolongación del conflicto y la reducción del apoyo prestado tanto por organizaciones humanitarias como por las autoridades locales.

¿Cómo está respondiendo el JRS?

A medida que el conflicto continúa y sus consecuencias siguen afectando gravemente a la población, JRS y la red jesuita permanecen presentes sobre el terreno y movilizan recursos para apoyar a quienes más lo necesitan. Junto con la Red Xavier, coordinamos la implementación de la One Proposal, un plan conjunto destinado a acoger, proteger, promover e integrar a las personas ucranianas forzadas a desplazarse en toda Europa durante los próximos tres años.

Desde el inicio del conflicto, en febrero de 2022, JRS y sus socios han estado en primera línea de la respuesta humanitaria, acompañando a las personas desplazadas en Ucrania y en los países vecinos mediante asistencia de emergencia, alojamiento seguro, asesoramiento legal, apoyo psicosocial y acceso a la educación.

La gran mayoría de las personas acompañadas son mujeres, niños, niñas y personas mayores, muchas de las cuales han experimentado desplazamientos múltiples y situaciones altamente traumáticas. A lo largo del año, JRS ha priorizado el apoyo a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluidos hogares monoparentales, personas con enfermedades crónicas o discapacidad, menores no acompañados y grupos marginados, como las personas con doble nacionalidad húngaro-ucraniana desplazadas desde la región de Transcarpatia, que con frecuencia corren el riesgo de quedar excluidas de los sistemas públicos de apoyo.