La inclusión económica consiste en garantizar que las personas desplazadas por la fuerza puedan participar plenamente en las economías locales y en línea, así como en la vida comunitaria. Cuando las comunidades refugiadas y de acogida se unen para diseñar e implementar soluciones que fortalezcan sus economías, todos sus miembros pueden contribuir de forma constructiva a su nueva comunidad mientras generan unos ingresos que cubren sus necesidades esenciales.

La inclusión económica refuerza la cohesión social, sienta las bases para la integración local y, cuando es posible, el retorno sostenible. Es una de las principales vías para que las personas recuperen el control sobre sus vidas, reduzcan su dependencia de la ayuda y los riesgos de protección —como la explotación y el trabajo inseguro— y mejoren su bienestar psicosocial.

Aunque la mayoría de las personas refugiadas desean contribuir de forma activa a sus comunidades de acogida, a menudo se enfrentan a barreras estructurales que les impiden acceder a oportunidades de empleo. Entre ellas se encuentran restricciones administrativas (como la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria), la falta de reconocimiento de competencias o títulos previos, el desconocimiento por parte de los empleadores de los derechos de las personas refugiadas, el alto desempleo nacional, el dominio limitado del idioma, barreras legales o la ausencia del derecho al trabajo, así como obstáculos prácticos relacionados con el cuidado de los hijos, el acceso a financiación o a herramientas y conectividad digitales.

El enfoque del JRS

El JRS reconoce el talento y la capacidad de las personas refugiadas, que desean aportar de forma productiva e integrarse pacíficamente en sus nuevas comunidades. Escuchamos a las comunidades desplazadas por la fuerza y las acompañamos mientras encuentran formas de participar en la vida económica y fortalecer el tejido social de sus entornos.

Colaboramos con comunidades refugiadas y de acogida, organizaciones dirigidas por personas refugiadas y organizaciones comunitarias, el sector privado, las Cámaras de Comercio, las entidades de servicios financieros, los gobiernos y las instituciones educativas y de formación para desarrollar sistemas de mercado que permitan a más personas desplazadas adquirir competencias, acceder a empleos y poner en marcha negocios.

También trabajamos para eliminar barreras legales y normativas, promover condiciones de trabajo decentes y seguras, integrar la resiliencia climática y la inclusión digital en los programas de medios de vida y garantizar que las oportunidades sean sostenibles más allá de la financiación externa.

Qué hacemos

Nuestro trabajo se adapta a cada contexto y está impulsado por las comunidades. Aunque no aplicamos un modelo único en todas partes, muchos proyectos siguen estos pasos:

• Fase preparatoria: generar confianza y rendición de cuentas con las comunidades, implicarlas en el diseño conjunto del proyecto, fijar objetivos claros e identificar los grupos destinatarios.
• Análisis de mercado: utilizar estudios y entrevistas para identificar sectores y cadenas de valor que ofrezcan oportunidades sostenibles de empleo o emprendimiento y que estén alineadas con los intereses de la comunidad.
• Competencias y reconocimiento: ofrecer formación en competencias muy demandadas, incluidas competencias digitales; apoyar el reconocimiento local de aprendizajes y cualificaciones previas; y vincular la formación con oportunidades reales de empleo e ingresos, incluso ayudando a las familias a pasar de la subsistencia a una agricultura o ganadería más resiliente y comercial.
• Acceso a financiación: facilitar préstamos, grupos de ahorro, microfinanzas y asociaciones para que las personas refugiadas puedan acceder a financiación en mercados poco desarrollados; apoyar a las personas en el cumplimiento de los requisitos de documentación y en la conexión con bancos y cooperativas; y ofrecer apoyo al emprendimiento, como mentoría y formación en desarrollo empresarial y, cuando procede, capital semilla para los negocios.
• Entorno propicio: trabajar con autoridades locales, Cámaras de Comercio, empresas y centros de formación para eliminar las barreras estructurales que impiden a las personas refugiadas iniciar actividades económicas o acceder al empleo.