El 24 de junio, durante la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), junto con organizaciones de inspiración católica como Caritas Internationalis y la Comisión Internacional Católica de Migración (International Catholic Migration Commission (ICMC)), organizó el evento «Nuestro hogar común, nuestro clima común, nuestros derechos: voces de las personas desplazadas». Con el apoyo de la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, ACNUR y la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastre (PDD), el evento subrayó la creciente realidad del desplazamiento inducido por el clima y la urgente necesidad de reforzar la protección.

Celebrado con motivo del Día Mundial del Refugiado y del 75º aniversario de la Convención de Ginebra de 1951, el debate destacó la importancia de salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de las personas obligadas a huir de sus hogares, incluidas aquellas desplazadas por desastres relacionados con el clima.

Ofreciendo la perspectiva de la Iglesia, Monseñor Riyyan Chaves Mendoza, de la Misión Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra, reflexionó sobre el coste humano del cambio climático: «Solo una cultura del cuidado, arraigada en la solidaridad y la caridad, puede responder eficazmente al cambio climático y garantizar que ninguna persona desaparezca en la oscuridad, el silencio y el olvido».

En Representación de JRS, Michel Anglade compartió las experiencias de comunidades en Filipinas, donde unos 20 ciclones golpean cada año y continúan aumentando en intensidad debido al cambio climático. Un extracto del documental «Sa Among Isla: In Our Island», con testimonios de personas afectadas por el devastador tifón de 2021, ilustró las consecuencias humanas de los desastres y del desplazamiento relacionados con el clima.

Basándose en la experiencia de Caritas Brasil, Taynara de Souza Dettman Adami describió el desplazamiento relacionado con el clima como frecuente pero a menudo invisible, estrechamente vinculado a vulnerabilidades sociales y económicas existentes:
«Las familias no se desplazan solo una vez: muchas se ven obligadas a desplazarse repetidamente, a medida que los desastres se vuelven más frecuentes e impredecibles».

Andrea Leycona, de la Misión Permanente de la República de Filipinas y vicepresidenta de la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastre, reflexionó sobre el documental y la continua exposición de su país a los riesgos climáticos. Aunque reconoció avances mediante políticas y planes nacionales, señaló que su implementación sigue limitada por recursos escasos y que los impactos climáticos evolucionan más rápido de lo que las instituciones pueden responder.

Dina Ionesco, de ACNUR, reflexionó sobre el papel de los marcos internacionales de protección frente al desplazamiento relacionado con el clima. Señaló que el derecho de las personas refugiadas puede contribuir a la protección, especialmente cuando el cambio climático interactúa con conflictos, pobreza y otros factores.

Destacando las herramientas disponibles, derecho de las personas refugiadas, mecanismos de protección complementaria, marcos de derechos humanos y acción humanitaria, subrayó la importancia de vincular las respuestas al desplazamiento con la acción climática y la reducción del riesgo de desastres. Al referirse al 75º aniversario de la Convención de Ginebra, la describió como una «brújula de protección» que guía los esfuerzos para salvaguardar la dignidad y las libertades fundamentales.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un representante de Caritas Bangladesh leyó una carta de comunidades afectadas por el cambio climático en el país. La carta pedía un mayor apoyo internacional para ayudar a las comunidades a afrontar los riesgos climáticos:
«No sabemos en qué somos responsables de esta crisis. Sin embargo, pertenecemos a esta tierra… Pedimos al mundo que comprenda nuestro sufrimiento, reconozca nuestros derechos y actúe por la justicia».

En sus observaciones finales, Harriet Hirst, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, destacó la brecha entre las protecciones de derechos humanos existentes y su implementación. Identificó tres prioridades: prevenir daños previsibles mediante una acción climática más fuerte y medidas de resiliencia; garantizar protección y asistencia, especialmente en seguridad alimentaria y salud; y asegurar la participación significativa de las comunidades afectadas en la toma de decisiones.

Las conclusiones de todos los ponentes reforzaron la urgente necesidad de políticas basadas en los derechos, de ampliar las medidas de protección, de invertir más en sistemas de protección social y de fortalecer la cooperación internacional.

«Necesitamos situar la dignidad humana en el centro de nuestra acción», reiteró Michel Anglade, Representante de JRS en Ginebra.